Durante el primer trimestre de 2026, las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste (EDE) en República Dominicana registraron un déficit financiero que profundizó la dependencia del sistema eléctrico respecto a las transferencias estatales, según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales. El documento resalta que este deterioro intensificó la brecha histórica entre el costo de adquisición de la energía y los ingresos efectivos por facturación, lo que obligó al gobierno a destinar recursos públicos crecientes para garantizar la continuidad del servicio.
Según el reporte, las tres empresas distribuidoras adquirieron en conjunto 4,479.6 GWh de energía entre enero y marzo, una reducción de 1.4% respecto al año anterior. Sin embargo, el precio medio de compra se elevó un 5.7% y alcanzó los 16.32 cUSD/kWh, impulsado por el aumento de los precios internacionales de los combustibles y la depreciación del peso dominicano. La energía facturada en el mismo período cayó 0.9% y se situó en 2,834.4 GWh, mientras que el precio medio de venta experimentó solo un leve incremento de 0.9%, lo que prácticamente eliminó el margen entre el costo de compra y el precio de venta, que se redujo a 0.04 cUSD/kWh.
La factura total por compra de energía ascendió a USD 730.9 millones, un alza de 4.2%, mientras que la facturación por venta de energía disminuyó marginalmente a USD 463.6 millones. Los ingresos por cobros aumentaron 1.3% y sumaron USD 458.1 millones, insuficientes para compensar los mayores costos de adquisición. Este desbalance se tradujo en un déficit operativo total de USD 370.7 millones, que luego de inversiones y otros gastos, se elevó a un saldo negativo de USD 413.3 millones. El saldo entre compra y venta de energía fue negativo en USD 273.9 millones durante dicho trimestre.
El informe oficial señala que el índice de pérdidas técnicas y comerciales de las EDE se situó en 38.7% para el año móvil, lo que implica que casi cuatro de cada diez kilovatios comprados no se facturan al usuario final. El indicador de pérdidas empeoró en 1.1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el índice de cobranza subió levemente a 96.7% y el Índice de Recuperación de Ingresos (CRI) se mantuvo estable en 59.3%. El índice de recuperación de energía, que expresa la proporción de energía efectivamente cobrada respecto de la suministrada, disminuyó a 59.0%.
Este escenario de pérdidas estructurales y recuperación insuficiente expone la vulnerabilidad financiera del sistema. De acuerdo con el informe, el Estado debió transferir USD 446.7 millones a las empresas distribuidoras en los primeros tres meses del año para cubrir los déficits acumulados, lo que refleja la alta dependencia de subsidios fiscales y el impacto de estos en las cuentas públicas.
Las diferencias entre las tres empresas distribuidoras resultan notables. Edeeste encabeza la lista con el mayor índice de pérdidas (56%) y un índice de recuperación de ingresos de 41%. Edenorte y Edesur presentan indicadores relativamente mejores, aunque sus pérdidas y déficits permanecen por encima de los niveles tolerables, de acuerdo con el documento. Los gastos operativos de las tres compañías crecieron 2.3% y alcanzaron los USD 107.4 millones, mientras que las inversiones, necesarias para modernizar infraestructura y reducir pérdidas, sufrieron una caída de 15.8%, lo que evidencia las limitaciones financieras para la renovación del sistema.
El impacto de esta situación no solo compromete la estabilidad de las distribuidoras, sino que también afecta la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en República Dominicana. El informe advierte que, sin medidas para contener las pérdidas técnicas y comerciales, revisar las tarifas y combatir el hurto de energía, el déficit estructural continuará incrementándose y presionando las finanzas públicas.
La falta de equilibrio financiero en las empresas distribuidoras limita la capacidad de inversión y posterga la solución definitiva al problema histórico del sector eléctrico dominicano. El informe de desempeño subraya que, mientras persista la brecha entre la energía comprada y la efectivamente cobrada, la sostenibilidad del sistema dependerá de subsidios estatales y recursos fiscales crecientes.
