Paula Sánchez (Pontevedra, 47 años) se encontraba como todos los días frente a su monitor. Había pasado media vida gestionando cuentas, presupuestos y balances. Sabía leer números y anticipar amenazas. Aquella mañana de noviembre de 2025, cuando se topó con un anuncio de una vacante remota en LinkedIn no vio ningún riesgo. Para ella la oferta representaba un ingreso extra, una oportunidad compatible con su vida familiar y su trabajo como responsable administrativa. “Hola”, le escribió desde WhatsApp Sofía Koivu, una falsa reclutadora holandesa de ReSee, una boutique de lujo vintage afincada en París. Un mensaje llevó a otro y, en cuestión de horas, firmó un precontrato para ejercer el cargo de Marketing ranking associate con un salario base de 600 euros. “Solo tienes que ayudar a mejorar el posicionamiento de los productos”, le explicó la mujer. Era un chat más entre tantos, pero sin saberlo, ella estaba dando el primer paso hacia algo que no tenía nada que ver con un empleo.
“Debía transformar en criptomoneda 100 euros para comenzar la jornada”, cuenta por teléfono a EL PAÍS. Mientras esto sucedía, Koivu —o quien fuera— comenzó a construir una amistad artificial. Además de hablarle de SEO, visibilidad de productos y comisiones, también incluía anécdotas de su perro y pareja. Cada clic de Sánchez era un pequeño gesto mecánico que la acercaba a sus honorarios. Hasta que aparecieron los limited edition items, algo así como productos especiales que prometían comisiones del 30%, pero exigían adelantar su valor completo. Ella dudó, pero siempre le habían devuelto el dinero. Cuando se dio cuenta, había transferido 40.408 euros en total. “No pensé que yo llegaría a caer en algo así, verifiqué todo”, se lamenta.
Se hacen llamar plataformas de trabajo a tiempo parcial. Suplantan nombres de compañías reales, ofrecen contratos y salarios de hasta 3.500 euros. Lo que viene después es una espiral de promesas y depósitos que no van a ninguna parte. No es un solo esquema, son varias redes organizadas que se dedican a engañar. Cuando una oferta fraudulenta utiliza datos reales, ya sean logos, CIF o nombre, la trampa ya no está en lo que se ve, sino en lo que no se comprueba. Ese abanico de métodos no altera la naturaleza del delito, en el Código Penal una estafa no deja de serlo por cambiar de modalidad. “Puede adoptar la forma de la estampita, el phishing o de la suplantación de identidad”, complementa el abogado Borja Adsuara, experto en derecho digital.
Es muy difícil hablar de solo un ilícito porque en el terreno de la cibercriminalidad —cuyo alcance asciende a 468.801 ciberdelitos registrados en España— es habitual que varios se solapen al mismo tiempo, según Adsuara. A ello se suma un problema estructural: la mayoría de los casos ni siquiera se denuncia. Un estudio de la Revista Española de Investigación Criminológica encontró que la tasa de notificación es solo del 20%. El resto queda en una cifra opaca cuyo alcance se desconoce.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recibe cada año miles de consultas relacionadas con estafas online. Aunque no disponen de datos que permitan afirmar si este tipo de fraudes en específico está aumentando, recalcan a EL PAÍS que buena parte de las consultas de falsas ofertas de empleo están vinculadas a una inversión en criptomonedas fraudulenta. Para esta entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital, el vector principal recae en “varias tácticas de ingeniería social” diseñadas para llevar a la víctima desde la confianza inicial hasta el envío de dinero.
“Al principio transferí por convicción, después lo hice solo para intentar recuperar el dinero”, explica Sánchez. Los patrones son siempre los mismos: comienzan con tareas triviales y ofrecen pequeñas recompensas reales al comienzo como anzuelos. En un empleo legítimo, recalcan desde Incibe, el flujo económico es siempre de la empresa al trabajador. El dinero nunca va al revés. Según Statista, el costo global del ciberdelito aumentará de 9,22 billones de dólares en 2024 a 13,82 billones de dólares en 2028, una tendencia que refleja la escala creciente de estas prácticas en el mundo.
La arquitectura del engaño digital
La búsqueda de respuestas llevó a Sánchez a perderse durante horas en Internet, saltando de foro en foro en busca de una explicación que no llegaba. Fue su marido quien dio con la asociación de Víctimas de Fraudes Financieros (Victifin), que se dedica a la difusión de este tipo de delitos: “Llama aquí, a ver qué te dicen”, le sugirió.
Jessica González, portavoz de Victifin en Gipuzkoa, conoce bien ese recorrido. Fundó esta agrupación sin ánimo de lucro después de que su marido fuera estafado al invertir 41.500 euros en la web Investing Pro, un chiringuito que operaba ilegalmente al no estar autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni tampoco en el Banco de España. “Ahora estoy haciendo mucho contenido en las redes sociales porque son los mismos medios que utilizan”, dice González.
Los estafadores se valen de Telegram o WhatsApp para crear grupos donde supuestos trabajadores celebran ganancias, comparten capturas de pantalla y se felicitan entre ellos. En el que cayó Sánchez aparecían nombres como Jason Toh, Giulia D’Amore, Flora o William James. Podían ser cualquiera… o nadie. La intención es siempre sembrar la sensación de que otros ya estaban ganando y que, con solo seguir el ritmo del grupo, ella podía integrarse en esa comunidad que parecía avanzar sin esfuerzo.
Ese mismo guion también atrapó a Rafael Langarita. Su recorrido encaja punto por punto con este tipo de estafa. Este ingeniero en investigación y desarrollo de 46 años admite que la curiosidad le jugó una mala pasada en dos ocasiones. “Nunca piensas que nadie sea capaz de hacer esto”, cuenta, todavía sorprendido por la facilidad con la que los embaucadores lograron ganarse su confianza. Él no era un inversor habitual ni profesional, pero sí tenía la costumbre de probar pequeñas oportunidades que le llegaban por mensajería o redes sociales.
“Me contactó por WhatsApp una empresa supuestamente registrada en la CNMV”, señala. Capital Interactive Brokers —que imita deliberadamente a la firma estadounidense Interactive Brokers, uno de los gigantes globales de inversión— le pidió un depósito mínimo de 1.000 euros que con el tiempo ascendió a más de 9.000 y que nunca pudo recuperar. La segunda estafa llegó por Telegram, a través de una llamada de voz generada con inteligencia artificial. Le ofrecieron un trabajo en el chiringuito SwiftPayExchange para dar likes a publicaciones en redes sociales a cambio de recompensas de un euro vía Bizum. Empezó invirtiendo 10 euros y terminó perdiendo 400 en total.
El 30 de noviembre, Paula Sánchez cruzó la puerta de una comisaría. Llevaba el móvil lleno de capturas de pantallas, contratos falsos e IBANs desconocidos. Llevaba también algo más difícil de sostener, la vergüenza. “Me siento gilipollas”, reconoce. ReSee no atendió las solicitudes de información enviadas por EL PAÍS. En la plataforma de reseñas Trustpilot la compañía dejó un aviso en el que se desmarca de cualquier actividad relacionada: “ReSee.com y nuestra actividad oficial no están asociados a ningún servicio de contratación, actividad con criptomonedas ni plataformas externas de formación o recursos humanos”.
Interactive Brokers ha dedicado un apartado entero de su web a advertir sobre estas prácticas. Una alerta que llega, casi siempre, cuando todo lo demás ya ha ocurrido. “Ahora lo tengo clarísimo y no entiendo cómo no fui capaz de verlo en ese momento”, expresa Langarita. Existen, sin embargo, comprobaciones básicas para verificar la legitimidad de una oferta, como buscar la página web de la empresa, contrastar la información y contactar con su servicio de atención al cliente. Pequeñas verificaciones que pueden evitar que una sospecha acabe en fraude. “Buscamos justicia y que todo salga a la luz. Queremos que estas estafas se conozcan, que se entiendan y que puedan evitarse”, añade González.
La responsabilidad de las redes sociales
Adsuara recuerda que muchas de estas plataformas fraudulentas se sostienen gracias a la participación de los propios usuarios. Su argumento es que quienes se suman a sistemas de reseñas manipuladas, valoraciones falsas o esquemas que prometen beneficios inmediatos están contribuyendo, aunque no lo perciban, a un ecosistema que perjudica a otros. “Están participando en algo ilegal y eso puede llevar a otros usuarios a tomar decisiones basadas en datos falsos”, advierte.
Ese engranaje se mueve, casi siempre, por los mismos canales. Son grupos de mensajería encriptados donde las estafas circulan sin control. En plataformas como Instagram, en cambio, hay otra capa de responsabilidad, como establece el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que aún no se puso en marcha en España. Aunque estas compañías tecnológicas no son responsables por el contenido que publican los usuarios (recae en quienes lo suben), sí deben responder cuando se difunde algo ilícito. “Están obligadas a actuar y si no lo hacen pueden ser sancionadas”, señala. La Comisión Europea es la encargada de aplicar estas obligaciones bajo la DSA.
“Cada vez se está sofisticando más y son servicios profesionales de una mafia en muchos casos fuera de España. Ahí no llega la policía y es más difícil de perseguir”, añade el abogado. El último movimiento de Sánchez fue otro gesto, esta vez hacia atrás. Ingresó una reclamación en el banco para que retrocediera todas las transferencias. “Tengo pocas esperanzas de recuperar el dinero”, reconoce.
Tu Ayuda en Ciberseguridad es un servicio nacional, gratuito y confidencial, que el Gobierno de España pone a disposición de menores y su entorno, la ciudadanía en general y empresas, a través del teléfono 017, WhatsApp (900116117), Telegram (@INCIBE017) y formulario web.
