La defensora de derechos humanos y abogada Linda Loaiza López Soto deberá comparecer nuevamente ante la justicia venezolana el próximo 11 de agosto, cuando la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas celebre una audiencia para revisar las apelaciones presentadas contra la absolución por el delito de violación.
La convocatoria fue notificada a Loaiza, quien participa en el proceso en calidad de víctima y querellante. Tanto el Ministerio Público como la propia defensora recurrieron la decisión absolutoria, por lo que ambos recursos serán examinados durante la audiencia.
La notificación, emitida en Caracas el 22 de julio de 2026 y suscrita por la jueza presidenta Luisa Romero, señala que la diligencia se realiza en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se trata de la sentencia número 1992, dictada el 15 de diciembre de 2016 con ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. En esa decisión, el máximo tribunal ordenó que una sala de apelaciones diferente a la que había emitido el fallo anulado revisara nuevamente los recursos contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2006 por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia.
Para Loaiza, la nueva convocatoria evidencia la prolongación de un proceso judicial que se ha extendido durante décadas.
“Diez años después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara a una Sala distinta conocer nuevamente estas apelaciones, este caso vuelve al conocimiento de la Corte de Apelaciones. El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia”, afirmó Loaiza.
Un caso que comenzó hace 25 años
El proceso judicial se remonta a marzo de 2001, cuando Loaiza fue secuestrada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como “El Monstruo de Los Palos Grandes”.
La joven permaneció cuatro meses privada de libertad, período durante el cual denunció haber sido víctima de violencia sexual, torturas y graves lesiones físicas. Bomberos y funcionarios policiales la rescataron el 19 de julio de ese año.
La investigación y el posterior proceso judicial estuvieron rodeados de múltiples irregularidades. Para 2004, el expediente había pasado por más de 60 jueces. Ese mismo año, durante un juicio en el que Loaiza también enfrentó abusos e insultos de su agresor, la jueza Rosa Cádiz Rondón absolvió a Carrera Almoina, a su padre, el exrector universitario Gustavo Carrera Damas, y a la secretaria de este.
La decisión también ordenó investigar a Loaiza y a miembros de su familia.
Posteriormente se abrió un nuevo juicio que terminó con una condena de seis años y un mes de prisión contra Carrera Almoina por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. Sin embargo, fue absuelto por los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura, que continúan sin una sentencia condenatoria.
Un caso llevado al sistema interamericano
La búsqueda de justicia de Loaiza trascendió los tribunales venezolanos. La defensora se convirtió en la primera mujer en llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un caso de violencia de género atribuido al Estado venezolano.
En 2016, la CIDH remitió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de concluir que Venezuela había violado diversos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dos años después, el 16 de septiembre de 2018, la Corte IDH dictó una sentencia en la que estableció la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones cometidas contra Loaiza.
La decisión internacional tampoco ha sido cumplida por el Estado venezolano, según ha denunciado la propia defensora.
Ahora, casi una década después de que el TSJ ordenara revisar nuevamente las apelaciones y 25 años después de los hechos que dieron origen al caso, Loaiza regresará a una instancia judicial venezolana para continuar su reclamo por justicia.
