El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció este jueves que tres jóvenes pescadores artesanales del estado Falcón, quienes fueron detenidos durante las protestas poselectorales de 2024, recibieron una condena de seis años de prisión.
La organización informó en su cuenta de X que el Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo emitió una sentencia contra Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, detenidos desde el 20 de septiembre de 2024.
«En medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela, condenan a 6 años de prisión a tres jóvenes trabajadores detenidos durante la represión poselectoral de 2024», escribió la ONG en X.
Indicó que, cerca de cumplirse dos años de la encarcelación, las madres de los tres jóvenes se dirigieron al Palacio de Justicia con la expectativa de que el tribunal emitiera un fallo favorable en torno al caso. A pesar de que la defensa solicitó libertad plena al argumentar que durante el juicio no se presentaron pruebas suficientes para demostrar los delitos imputados, el tribunal descartó la petición de los abogados.
La ONG detalló que el juicio inició el 30 de abril de 2026, después de más de un año y medio de detención. Los familiares de los procesados denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso al señalar que les fue negada la designación de abogados privados, así como la aplicación de la ley de amnistía.
Clippve cuestionó que la sentencia se emita un día después de anunciarse los acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano.
«No puede hablarse de transformar la justicia mientras persistan procesos denunciados por graves violaciones al debido proceso y condenas sin pruebas suficientes», afirmó la organización.
Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot fueron detenidos en 2024 cuando regresaban de pescar. Según sus familiares, durante el arresto, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían manipulado el procedimiento sembrándoles evidencias, como picos, palas y cables oxidados de turbinas eólicas para imputarles delitos de terrorismo, sabotaje al sistema eléctrico, asociación para delinquir y extracción de material estratégico.
