El director general de Instagram, Adam Mosseri, defendió este martes ante un tribunal de California que las medidas de protección de los usuarios menores de edad implementadas por su plataforma han mejorado con el tiempo, aunque reconoció que su efecto ha sido limitado. La suya fue la primera declaración de un alto cargo de Meta, la empresa matriz de Facebook o Instagram, en el proceso abierto por la demanda de 29 estados de EE UU contra la compañía que dirige Mark Zuckerberg, que también deberá testificar estos días.
Mosseri reconoció al mismo tiempo que, aunque Instagram ha reforzado la protección a los menores con medidas de control parental o restricciones que limitan temporalmente el uso de la aplicación por parte de los adolescentes, no ha cambiado demasiado la frecuencia de uso de la plataforma por parte de los menores ni cuánto tiempo pasan en ella. “No existen soluciones mágicas para problemas como este”, dijo.
Los estados acusan a Meta de infringir la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, que prohíbe la recopilación de datos de menores sin el consentimiento de sus padres. También la acusan de engañar a los consumidores al promocionar la seguridad de sus plataformas, a pesar de que al mismo tiempo sus directivos eran conscientes de los riesgos que suponía la plataforma para los jóvenes, riesgos que habían debatido y estudiado internamente.
El abogado de la acusación presentó ayer un documento interno de Meta en el que se decía de las herramientas de seguridad para adolescentes de la empresa que no resultaban “eficaces para reducir determinados comportamientos”. Preguntado sobre si eso le sorprendía, Mosseri respondió que no.
Además de Mosseri, también declaró Francesco Fogu, director de diseño de producto de Instagram, quien aseguró que se reunía una vez al mes con Mosseri para tratar cuestiones de seguridad. Fogu admitió que las medidas implementadas por Instagram, como el modo noche o la función Tomarse un descanso, que manda avisos visuales para que pares de usar la aplicación cuando llevas 10, 20 o 30 minutos de navegación, se implantaron como opcionales (es decir, el usuario elige si las activa o no), pese a que la compañía sabía que hubieran sido mucho más efectivas si fueran automáticas. También reconoció que, de haberlas implantado por defecto, posiblemente hubiera caído el número de usuarios.
El caso forma parte de la cascada de demandas interpuestas por familias, instituciones educativas y fiscales generales de varios estados en las que sostienen que las plataformas de Meta pueden causar una adicción en los menores similar a la de las máquinas tragaperras o el tabaco.
Meta, por su parte, ha negado que haya evidencia científica que confirme que sus plataformas causan adicción. También se acoge a una normativa federal que protege a las empresas de cualquier responsabilidad sobre los contenidos que cuelguen en redes los usuarios.
Este juicio, por el que desfilará el propio Zuckerberg, se está celebrando en Oakland, California, dos semanas después de conocerse que un tribunal de Nuevo México impusiera a la compañía una multa de 567 millones de dólares, que se dedicarán a financiar instituciones que velan por la salud mental de los menores.
Esa resolución, que Meta anunció que iba a recurrir, exige también por primera vez cambios concretos a una tecnológica, y argumenta que, igual que sucede con las empresas que contaminan, cuyas externalidades negativas no perjudican a una serie de individuos, sino a toda la sociedad, las plataformas deben hacerse cargo de los daños que ocasionan a la ciudadanía, no solo a los usuarios de las redes.
