La repatriación de hasta 500,000 cubanos que residen en Estados Unidos se ha convertido en uno de los ocho puntos centrales de las negociaciones en curso entre Washington y La Habana, según un artículo publicado este sábado por el diario Palm Beach Post.
El análisis se basa en declaraciones del excongresista y empresario de Miami Joe García, quien mantiene contacto directo con funcionarios de ambos gobiernos.
García calificó este punto como «quizás el más difícil» de toda la negociación y advirtió que sería «contraproducente para Florida y Estados Unidos».
«Esto es algo que Trump quiere», afirmó Garcia, precisando que el grupo de 500,000 personas incluye a quienes ingresaron bajo el programa de parole humanitario durante la administración de Joe Biden (2021-2025) y a miles de individuos «excluibles por haber cometido un delito».
Las conversaciones apuntan a un esquema en que esas personas recibirían permisos de trabajo y sus deportaciones se escalonarían en un plazo de años, no de forma inmediata, dado que Cuba, en medio de una crisis energética y económica severa, no está en condiciones de absorber semejante flujo de retornados.
El ritmo de deportaciones ya en curso ilustra la magnitud del desafío. En los primeros cinco meses de 2026 fueron deportados 612 cubanos en 18 operaciones, y desde el inicio del segundo mandato de Trump la cifra acumulada asciende a 1,952 deportados.
Las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se dispararon un 463 % entre octubre de 2024 y enero de 2026, mientras las aprobaciones de residencias permanentes colapsaron un 99,8% en el mismo período.
La repatriación masiva es solo uno de los ocho ejes de la negociación identificados por Garcia. Los demás incluyen la liberación de más de 1,000 presos políticos, que el propio Garcia calificó de «imprescindible» para el electorado cubanoamericano.
A ello se suman reformas económicas amplias, compensación por propiedades expropiadas desde 1959, reformas políticas, levantamiento del embargo, readmisión de Cuba en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el otorgamiento del estatus de Nación Más Favorecida.
El contexto de estas negociaciones es de presión máxima sobre La Habana. Desde enero, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla.
El 14 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con el ministro del Interior cubano, el contacto de más alto nivel entre ambos gobiernos desde 2016.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, lo cual añadió una nueva dimensión de presión jurídica a las conversaciones.
El secretario de Estado Marco Rubio reconoció el pasado miércoles que «sinceramente, no veo mucho avance» en los contactos con La Habana, aunque admitió que los canales de comunicación siguen abiertos.
Garcia, por su parte, subrayó que Trump ocupa una posición histórica única para mover el expediente cubano. «Nunca ha habido un presidente en la historia americana que pudiera levantar el embargo de raíz como Trump puede», afirmó, y señaló el control del mandatario sobre el Partido Republicano y el movimiento MAGA como factores determinantes.
El propio Trump lo resumió el pasado miércoles con una declaración que marcó el tono de la semana. «Parece que yo seré el que lo haga», dijo el presidente al referirse a resolver la cuestión cubana tras décadas de intentos fallidos.
