La más reciente maniobra de la administración de Donald Trump para mantener su política arancelaria podría terminar afectando especialmente a Colombia.
De acuerdo con un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el país figura entre 54 naciones que, según Washington, no cuentan con mecanismos suficientes para prohibir y restringir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
Como resultado de esta determinación, los productos colombianos quedarían sujetos a un arancel del 12,5 por ciento al ingresar al mercado estadounidense. Esta cifra es superior al 10 por ciento que enfrentarían socios de una segunda categoría (como Canadá, México, la Unión Europea, entre otros), quienes sí tienen leyes pero no las aplican adecuadamente. De concretarse, la carga para las exportaciones colombianas aumentaría en 2,5 puntos porcentuales respecto al arancel general actual.
El pulso judicial entre las cortes y la Casa Blanca
Todo comenzó cuando el presidente impuso aranceles elevados mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Trump justificó la medida argumentando que el déficit comercial y ciertas prácticas de los socios comerciales constituían una emergencia económica extraordinaria para la seguridad nacional.
Sin embargo, la estrategia encontró resistencia judicial:
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La Corte Suprema determinó que el mandatario había excedido sus facultades, ya que el Congreso nunca autorizó el uso de la IEEPA para aranceles generales.
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La Casa Blanca respondió imponiendo un arancel temporal universal del 10 por ciento.
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El Tribunal de Comercio Internacional concluyó el mes pasado que la administración tampoco había cumplido con los requisitos legales para imponer esos aranceles.
Dado que la Casa Blanca apeló y estos gravámenes expiran el próximo 24 de julio sin posibilidades reales de ser renovados por el Congreso, el gobierno estadounidense activó una nueva estrategia basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta jurídicamente mucho más sólida.
El argumento de Washington y el impacto global
En el caso de Colombia, el USTR sostiene que el país ha fallado en combatir el trabajo forzado. Desde la perspectiva de Washington, esta situación genera ventajas competitivas indebidas para productos elaborados con menores costos laborales y, a la larga, perjudica a las empresas estadounidenses.
La lista de señalados incluye a potencias como China, India y Japón, así como a gran parte de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Perú, entre otros).
Además, la administración ya desarrolla una segunda investigación bajo la misma Sección 301 enfocada en el exceso de capacidad productiva de países que inundan el mercado con bienes baratos. Los expertos señalan que, aunque la Sección 301 es un proceso más lento que obliga a consultas públicas y audiencias, tiene muchas más probabilidades de sobrevivir a las demandas.
Reacciones internacionales
La respuesta global no se ha hecho esperar. La Unión Europea calificó la medida como “injustificada”, mientras que varios dirigentes europeos acusaron directamente a Washington de buscar nuevos argumentos legales para sostener una política arancelaria que ha sufrido repetidos reveses en los tribunales.
Para Colombia, la preocupación es inminente: en este nuevo plan para mantener vivo el muro arancelario, el país no solo quedó bajo la lupa, sino que se expone a una tarifa superior a la que paga actualmente.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
