En medio de un litigio judicial de negocios en Miami, el cantante urbano Ramón Ayala, mejor conocido como “Daddy Yankee”, radicó una demanda federal alegando difamación por parte de un empresario español.
Ayala presentó el recurso con un reclamo de $10 millones en el Tribunal de Distrito federal para el Sur de Florida contra León Fernando Fiksman.
Ambos ya mantenían una pugna legal en el Condado de Miami-Dade desde el 2024, cuando Fiksman demandó por una suma millonaria a Ayala, a su entonces esposa Mireddys González y a otras personas por alegado fraude.
Según el recurso federal de Ayala, el caso en Miami-Dade irá a juicio por jurado a partir de agosto de este año.
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La demanda federal asegura que el cantante urbano y el empresario “nunca se han conocido ni se conocen”, mientras que Fiksman presuntamente realizó las expresiones difamatorias al hablar de la pugna de negocios en un podcast publicado el pasado 14 de enero.
Ayala sostiene que la intención de esas expresiones eran afectar su reputación ante la comunidad en Florida para influenciar a los posibles candidatos a jurado previo a ser seleccionados para el juicio, tratando de relacionar su imagen con Hugo Chávez.
La demanda federal señala que “Fiksman dijo, en la parte pertinente en la entrevista que ‘en mensajes que… en la fase de discovery se han ido viendo, se ve perfectamente cómo él [Ayala] está de acuerdo’ – citando ‘Oye, nos hemos llevado todo, nos hemos quedado con todo’ – y caracterizando esto como ‘alzamiento de bienes públicos’, antes de resumir: ‘Lavado de dinero, Chávez, Daddy Yankee. Ese es el resumen de… lo que tengo yo en frente’”.
Ayala denunció que “las declaraciones aquí descritas fueron presentadas a la audiencia del podcast como revelaciones de hechos basadas en el conocimiento personal de Fiksman y su supuesta revisión de los materiales obtenidos a través del proceso de descubrimiento de pruebas en la demanda de Miami-Dade”.
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El recurso federal aseguró que “Ayala no tiene ninguna participación ni vínculo con el lavado de dinero, la red financiera de Hugo Chávez ni la corrupción política venezolana de ningún tipo. Estas acusaciones son completamente falsas, y Fiksman sabía que eran falsas cuando las formuló”.
“Fiksman tuvo acceso a los documentos de la demanda presentada en Miami-Dade y sabía que dichos documentos no respaldaban las alegaciones que transmitió al público”, expone.
Asimismo, añade que “ningún documento, mensaje, comunicación o prueba presentada durante la fase de descubrimiento de pruebas en la demanda de Miami-Dade, ni ninguna otra existente, respalda las declaraciones de Fiksman. Ni los mensajes que Fiksman afirmó haber revisado durante dicha fase, ni ningún otro material intercambiado en ese litigio, ni ninguna prueba de ninguna otra fuente”.
“Fiksman sabía que tal mensaje no existía y que los materiales no decían lo que él afirmaba haber dicho a la audiencia del podcast. Sin embargo, Fiksman falsificó o distorsionó deliberadamente el contenido de dichos materiales y citó ante cientos de miles de oyentes un mensaje inexistente, con el fin de otorgar falsa credibilidad a sus acusaciones. Por lo tanto, Fiksman actuó con malicia, es decir, a sabiendas de que sus declaraciones eran falsas o con total desprecio por su veracidad”, abunda.
En la demanda original en Miami-Dade, Fiksman alegó un supuesto esquema para forzarlo a salir de una compañía del deporte de pádel (paddle) en el estado de Florida a un precio devaluado, “causándole daños graves”.
Mientras, en la demanda federal, Ayala plantea que los reclamos legales de Firksman en Miami-Dade “están basados en puras conjeturas”, y señala que en diciembre pasado fue “debilitado” cuando un juez le excluyó un perito como experto, “despojándolo del único medio a través del cual podía intentar cuantificar las pérdidas que afirma haber sufrido”.
Indica, además, que, “en este contexto es que Fiksman optó por llevar su caso ante una audiencia pública de cientos de miles de personas, haciendo las declaraciones falsas y maliciosas en cuestión”.
“Cabe destacar que los candidatos a jurado en el Condado de Miami-Dade provienen de una de las comunidades más latinas de Estados Unidos, con una importante población de ascendencia venezolana y cubana. Para esta comunidad, las acusaciones que vinculan a una figura pública con las redes financieras de Hugo Chávez y con la cultura de corrupción venezolana tienen un impacto particularmente visceral”, apunta.
“Al difundir esas acusaciones a una audiencia de más de 737,000 seguidores en español, muchos de los cuales presumiblemente residen en el sur de Florida o tienen estrechos vínculos con él, Fiksman se aseguró de que su narrativa falsa llegara y resonara en la misma comunidad de la que se seleccionaría el jurado en la demanda de Miami-Dade, infligiendo así el máximo daño a su reputación y contaminando al posible grupo de jurados”, agrega.
La demanda federal consiste en tres cargos por difamación y alega daños a su reputación con consecuencias económicas y emocionales, por lo que reclama una compensación no menor de $10 millones.
El expediente electrónico del caso en el tribunal federal indica que fue asignado al juez José E. Martínez.
