El coordinador del Consejo de Seguimiento para la regularización de los juegos de azar en República Dominicana, Teófilo “Quico” Tabar, informó que, tan pronto sea aprobada la nueva ley, propondrá que todas las actividades realizadas fuera de los límites establecidos en la norma sean analizadas y revisadas detalladamente y, eventualmente, suspendidas.
La ley, que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, que permitirá crear la Dirección General de Juegos ha generado diferencias entre legisladores y representantes de empresas y asociaciones dedicadas a esa actividad, quienes han manifestado desacuerdos sobre algunos artículos del proyecto legislativo.
En una declaración pública, Tabar advirtió que sugerirá la suspensión inmediata de cualquier decisión que implique cambio de estatus en las actividades de juegos de azar, a fin de que no puedan ser vinculados a acciones eventualmente cuestionadas.
El funcionario espera que, a partir de la iniciativa presentada por el presidente Luis Abinader ante el Congreso, se comiencen a esclarecer y regular todas las operaciones ligadas a juego, comenzando por revisar y corregir todo lo que no haya cumplido con las reglamentaciones establecidas, buscando poner fin a años de irregularidades permitidas por el Estado, la sociedad y los propios empresarios.
En esta línea, pidió a empresarios, empleados y funcionarios vinculados al sector abstenerse de ejecutar cambios que puedan modificar la situación actual de negocios o permisos mientras se define el nuevo esquema regulatorio.
Bajo la nueva legislación, cualquier actuación realizada fuera de los límites establecidos en los decretos de regularización deberá ser evaluada por los organismos que determine la nueva legislación y por el Consejo de Seguimiento, donde participan representantes de distintos sectores relacionados con la industria.
Tabar asumió la coordinación del proceso de regularización mediante el Decreto 63-22, emitido el 9 de febrero de 2022, y posteriormente el Poder Ejecutivo reactivó el Consejo de Seguimiento mediante el Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026, ampliando sus responsabilidades más allá de las loterías para abarcar el conjunto de actividades relacionadas con los juegos de azar.
