El debate sobre el libre acceso a las playas en República Dominicana volvió a ocupar el centro de la conversación pública tras las denuncias realizadas por el vocalista de Aljadaqui, Mariano Lantigua, y el comunicador Sergio Carlo, quienes aseguraron haber enfrentado restricciones para utilizar áreas de playa frente a complejos turísticos. Los casos reavivaron una discusión que durante años ha generado controversia entre ciudadanos, autoridades y el sector hotelero: ¿existen realmente playas privadas en el país?
La respuesta de la legislación dominicana es clara. La Constitución, en su artículo 15, reconoce el dominio público sobre las playas y costas, mientras que la Ley 305-68, promulgada el 23 de mayo de 1968, establece que la franja de 60 metros contados desde la línea de pleamar hacia el interior del territorio constituye un bien público, por lo que ninguna persona o empresa puede apropiarse de ese espacio ni impedir el libre acceso de los ciudadanos.
Las denuncias que reactivaron el debate
La discusión tomó fuerza luego de que Mariano Lantigua, vocalista y líder de la agrupación Aljadaqui, denunciara a través de varios videos publicados en Instagram que personal de un hotel en Juan Dolio le impidió instalar sillas y un pequeño toldo mientras disfrutaba de la playa junto a su familia.
Según explicó, había alquilado un apartamento en la zona para pasar el fin de semana, pero empleados del complejo turístico le informaron que quienes no pertenecieran al hotel o al club no podían colocar ese tipo de estructuras en la arena.
“Si las playas son públicas, deben ser para todos. No puede ser que un dominicano tenga que soportar el sol porque le prohíban colocar un toldo para su familia”, expresó el artista, quien además pidió la intervención de las autoridades.
Días después, el comunicador Sergio Carlo hizo pública una situación similar ocurrida en Playa Macao, frente al hotel Dreams Macao Punta Cana.
Carlo informó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con copia al Ministerio de Turismo (MITUR), al Ayuntamiento de Higüey y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), solicitando una investigación sobre presuntas restricciones al uso de la franja pública marítimo-terrestre.
De acuerdo con su denuncia, personal del hotel le solicitó mover su sombrilla y pertenencias para despejar el área donde se realizaría una boda y una sesión fotográfica.
El comunicador sostuvo que los empleados afirmaron actuar por instrucciones del hotel y mencionaron una supuesta prohibición de anclar sombrillas en la arena, sin presentar —según indicó— ninguna disposición oficial que respaldara esa medida.
En su comunicación, Carlo fundamentó su denuncia en el artículo 15 de la Constitución, la Ley 305-68, la Ley General de Medio Ambiente 64-00, la sentencia TC/0751/23 del Tribunal Constitucional y la Resolución 026/2025 del Ministerio de Medio Ambiente.
¿Qué dice realmente la ley?
La Ley 305-68 dispone que la franja de 60 metros desde la línea de la marea alta pertenece al dominio público del Estado.
Esto significa que:
Toda persona tiene derecho a acceder y disfrutar de las playas.
Esa franja no puede ser apropiada por particulares.
No pueden levantarse construcciones permanentes sin autorización del Estado.
El objetivo de la ley es proteger tanto el acceso ciudadano como los recursos naturales costeros.
La normativa también contempla sanciones para quienes ocupen ilegalmente esos espacios o impidan el libre uso del dominio público, incluyendo multas, órdenes de retiro de estructuras e incluso penas de prisión en determinados casos.
La posición del Ministerio de Turismo
Ante la controversia generada por el caso de Juan Dolio, el ministro de Turismo, David Collado, fijó posición y reiteró que las playas dominicanas pertenecen a todos los ciudadanos.
“Nosotros creemos firmemente en el libre acceso a las playas, respetando siempre la propiedad privada como dice la ley”, expresó.
El funcionario recordó que durante su gestión el Ministerio ha recuperado espacios costeros como Guayacanes 1 y 2, Macao, Las Galeras, Los Patos, Los Quemaditos y Jaina, y anunció que próximamente continuarán los trabajos en Boca Chica.
“Estamos devolviendo playas a la gente”, afirmó.
Collado también calificó como inaceptable la situación denunciada en Juan Dolio.
“Ese tema con el integrante de Aljadaqui nos avergüenza. Eso no puede suceder; las playas son del pueblo y son de la gente, siempre con orden y organización para seguir cuidando el turismo”, manifestó.
La postura del sector hotelero
Mientras tanto, representantes del sector turístico sostienen que los controles implementados en zonas próximas a sus instalaciones responden principalmente a razones de seguridad y organización.
Entre sus principales argumentos señalan la necesidad de proteger:
La integridad de los huéspedes.
Las instalaciones y mobiliario privado.
El orden durante actividades realizadas dentro de sus propiedades.
Especialistas en derecho recuerdan, sin embargo, que esas medidas no pueden traducirse en restricciones al uso de la franja de dominio público establecida por la legislación dominicana.
Un debate que va más allá del acceso
La discusión también ha abierto otra conversación: la responsabilidad ciudadana en el cuidado de las playas.
La creadora de contenido Polina Remkevich compartió recientemente imágenes que muestran acumulación de basura en una zona de Bayahíbe, cuestionando si el país está protegiendo los espacios públicos cuya defensa reclama.
Su publicación plantea un enfoque distinto: defender el libre acceso también implica preservar las playas.
Botellas plásticas, fundas, vasos desechables y restos de alimentos continúan siendo una escena frecuente en distintos balnearios del país, lo que evidencia que el problema no se limita únicamente al acceso.
El reto pendiente
Diversos sectores coinciden en que el país necesita un protocolo más claro para garantizar el cumplimiento de la ley.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho ciudadano al libre acceso, la protección de la propiedad privada, la organización de la actividad turística y la conservación del medio ambiente.
Mientras tanto, la legislación dominicana mantiene una premisa que ha vuelto al centro del debate nacional: las playas son bienes de dominio público y su acceso debe estar garantizado para todos, siempre dentro del marco del orden, el respeto y la protección de estos espacios naturales.
