Algunas de las reformas constitucionales que el Gobierno de José Antonio Kast pretende impulsar en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) han abierto una grieta en el oficialismo. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI —uno de los partidos más leales al Ejecutivo en el Congreso— anunció este domingo que su bancada no está dispuesta a respaldar el proyecto que, según un borrador filtrado, propone suspender las prestaciones sociales financiadas con recursos estatales a las personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tanto durante el cumplimiento de la condena como en los 15 años posteriores. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, declaró el líder gremialista en una entrevista con La Tercera.
Kast firmó hace seis días el proyecto de ley que bautizó como Reforma Constitucional Pro Seguridad, que establece, entre otros cambios, regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas. El Gobierno, sin embargo, no ha presentado oficialmente los detalles de la iniciativa, aunque se espera que los haga públicos en las próximas horas.
Los reparos surgieron después de que trascendiera un borrador de 15 páginas con diez cambios a la Carta Fundamental. Una de las modificaciones más relevantes establece que los responsables de delitos como el narcotráfico y el terrorismo quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales “respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19”, tanto durante la condena como en los 15 años siguientes a su cumplimiento. “Si a la fecha de la respectiva condena las personas recién referidas estuvieren recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho. Asimismo, quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a cualquier otro beneficio penitenciario”, señala el texto, que más adelante matiza que “las inhabilidades y restricciones establecidas no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.
El documento plantea además ampliar la misión de las Fuerzas Armadas a la protección de la ciudadanía en situaciones especiales calificadas por ley, otorgándoles base constitucional para actuar en casos que hoy exigen la declaración de estados de excepción. Por el momento, el Ejecutivo no ha desmentido el documento, mientras los propios legisladores de las derechas debaten los aspectos que se han filtrado.
La Moneda ha entrado en una fase en la que busca mostrar resultados rápidos en materia de seguridad, la principal preocupación de los chilenos, y en un contexto en que la desaprobación hacia Kast supera el 55%, según una encuesta de Criteria divulgada este domingo. Esta misma medición apunta a que el 54% de los consultados considera que la gestión en seguridad del Gobierno de derecha ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que la valora mejor. Además, el estudio de opinión revela que el 61% prefiere que el Ejecutivo priorice la aprobación de nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia, frente a un 30% que opta por aplicar las normas ya vigentes. Las expectativas de que la Administración de Kast cumpla con sus medidas de seguridad superan por unos pocos puntos el 50%.
La seguridad ha sido la principal promesa de campaña de Kast, quien prometió instalar un Gobierno de emergencia al llegar al poder el 11 de marzo. Sin embargo, el Ejecutivo de derechas tuvo algunos tropiezos durante sus primeros meses en esta materia, entre los que destacó la polémica protagonizada por la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, unos días antes de su destitución el 19 mayo, al no presentar un plan de seguridad formal ante el Congreso.
Hoy, la estrategia gubernamental se ha apoyado en una sucesión de anuncios, en la repetición de que “la mano ha cambiado” en Chile y en la exposición pública de Kast y sus ministros —como el de Seguridad, Martín Arrau— en operativos policiales. El jueves, el mandatario se puso una chaqueta de Gendarmería para recorrer la cárcel de La Laguna, cerca de Talca, adonde fueron trasladados centenares de reclusos de alta peligrosidad en una operación bautizada como Cancerbero. El despliegue fue comparado con el estilo de Nayib Bukele en El Salvador por mostrar, entre otros aspectos, a los prisioneros sentados en filas y con las manos hacia adelante.
La puesta en escena del procedimiento —que incluyó la difusión, a través de canales oficiales, de vídeos musicalizados con canciones de NSYNC y Metallica— fue criticada por exautoridades de izquierda, como la exministra Carolina Tohá, que la calificaron de “espectáculo”.
La agenda de seguridad de Kast se puso en marcha justo después de que el Ejecutivo lograra sacar adelante su megarreforma económica en el Congreso. También se anuncia en medio de un creciente pesimismo entre los chilenos, lo que el mandatario atribuye a que “la esperanza de la gente ha caído porque empezamos a hablar con la verdad”.
Kast presentó el 5 de agosto, en cadena nacional, su agenda de seguridad: “Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”.
Los apoyos de la derecha
La UDI, de la derecha tradicional, fue clave para aprobar la megarreforma —el primer triunfo político del Gobierno de Kast—, ya que sus cinco senadores y 18 diputados, incluido Ramírez, respaldaron la llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social durante su tramitación legislativa. A los reparos se sumó el senador independiente Matías Walker, quien había votado a favor de uno de los artículos decisivos de la megarreforma, el mecanismo de compensación fiscal a los municipios después de la exoneración de contribuciones a adultos mayores por sus primeras viviendas. “No cuenten con mi voto para esta locura”, escribió en X el jueves, un mensaje que fue respondido por el senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, en la misma red social: “Matías, la condescendencia con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron, simplemente desconcierta. Entiendo que lo que te motiva es rehabilitar a presos, pero el foco para eso está en menores, primerizos o personas condenadas por delitos menores. Tu preocupación por integrantes del crimen organizado, sinceramente confunde y asusta mucho (…) estar inquieto por el control de salud de estos criminales, habla de una distorsión que simplemente no se entiende”.
En una entrevista con el Diario Financiero, Squella aseguró que había “colaborado bastante en el enfoque legislativo y constitucional” y que la agenda reflejará lo que la ciudadanía ya conoce de los republicanos. Sobre los votos necesarios para su aprobación, el senador sostuvo que habrá parlamentarios inclinados a mantener las reglas de seguridad pública y otros que no.
Tampoco en la ultraderecha están garantizados los respaldos en el Congreso. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), aseguró que su colectividad no tiene asegurado el apoyo para los trámites que deberá revisar el Congreso sobre la ACOT del Ejecutivo. “Si usted quiere entonces andar reformando cositas en la ley, y quiere sacar a carabineros a recuperar el control a balazos en las poblaciones, les tienes que dar garantías. ¿Qué garantías le das cuando el tema de los indultos no está resuelto?”, planteó el pasado domingo.
Consultado al respecto, Squella respondió a DF que, “conociendo muy bien a los parlamentarios del PNL y a Johannes Kaiser”, no duda de que se sentirán “muy reflejados” con lo que se propondrá en el texto constitucional y en las bajadas a nivel legal que se discutirán.
Si estas aprensiones hacia algunos aspectos de la propuesta persisten, el Gobierno podría sufrir un revés en el Congreso, donde las reformas constitucionales requieren un quorum de cuatro séptimos para su aprobación.
