La Asamblea Nacional, bajo el control absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó a mano alzada y sin debate una adición a su proyecto de reforma constitucional: un nuevo párrafo al artículo 12 que establecerá que ninguna ley, fallo o resolución de organismos y estados extranjeros tendrá validez o jurisdicción en Nicaragua.
“La Constitución Política de la República de Nicaragua prohíbe, por tanto no permite, extraterritorialidad de leyes extranjeras, solamente la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense”, inicia el párrafo adicionado en la reforma. “Ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional… surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional”, concluye.
El diputado del Frente Sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, argumentó que la modificación busca “dejar sellado” que el país es exclusivo para los nicaragüenses. El cambio busca elevar a rango constitucional un blindaje que la dictadura ya había perfilado en otras leyes y reformas para ignorar las sanciones de la comunidad internacional.
La acción parlamentaria ocurre mientras las llamadas “consultas” sobre la reforma constitucional —iniciadas tras el cuestionado anuncio de Ortega de que “no volverá a haber elecciones”— avanzan únicamente entre funcionarios, alcaldes, mandos del Ejército y la Policía, sectores afines o sector privado sin opción real de participación.
Según Porras, hasta el 22 de agosto de 2026, fueron “consultados” 92 832 nicaragüenses en 25 sectores sociales. Hasta ahora ninguno de estos actores ha presentado objeciones al texto. Tampoco se ha transparentado el contenido íntegro de la reforma antes de su dictamen final previsto para la primera semana de septiembre de 2026.
En el contexto de presión internacional destacan:
Con esta adición, la dictadura busca neutralizar preventivamente el impacto de las futuras resoluciones internacionales y sanciones económicas.
Igualmente, confirma que la reforma constitucional también busca profundizar el aislamiento institucional de Nicaragua para garantizar la impunidad del proyecto dinástico del Frente Sandinista y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
