El capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Juan Carlos Caguaripano cumplió nueve años en prisión y doce de ausencia familiar tras liderar el alzamiento del Fuerte Paramacay. Su esposa, Irene Olazo, exige justicia y reparación integral sin canjes políticos.
Tras más de una década sobreviviendo a la persecución, el miedo, la distancia, la prisión y las torturas, el verdugo más implacable ha terminado siendo el tiempo. Para la familia del militar, la lucha contra el reloj no comenzó el 11 de agosto de 2017, cuando fue apresado por las fuerzas de seguridad del régimen en Caracas, cinco días después de liderar el alzamiento militar en el Fuerte Paramacay. Había comenzado tres años antes, cuando levantó por primera vez la voz contra la corrupción y la injerencia extranjera que imperaban en el seno castrense.
Durante 12 años la vida sigue avanzando mientras ellos permanecen suspendidos en una espera que nunca eligieron y que jamás imaginaron. Desde 2014, cuando pasó a la clandestinidad, su hija Samantha Nazareth ha crecido sin su padre, sus padres envejecieron sin su hijo, su madre perdió la lucidez hasta el punto de no reconocer a nadie y su esposa aprendió a ser madre y padre a la vez, a trabajar y a levantar la voz mientras atravesaba un proceso migratorio marcado por el terror de la persecución.
Caguaripano, uno de los presos políticos militares más emblemáticos del país, fue condenado el 19 de diciembre de 2025 a 30 años de prisión junto con otros acusados por los hechos del Fuerte Paramacay. El recurso de apelación de su defensa fue admitido y la audiencia se celebró este 26 de agosto telemáticamente, con casi cinco horas de retraso y sin que se emitiera un veredicto inmediato.
Pero para Olazo, la historia comenzó mucho antes de esa condena e, incluso, antes de su detención. Comenzó con un hombre que, antes de convertirse en un nombre asociado a una rebelión militar y a la prisión política, era su esposo, el padre de su hija y el hijo de unos padres que todavía lo esperan. “Lo más difícil de estos nueve años es que la vida no se detuvo. Cuando se llevaron a Juan Carlos, la vida siguió, pero nosotros tuvimos que aprender a vivir con una ausencia que nunca aceptamos como definitiva”, menciona en entrevista con El Nacional.
Esta ausencia comenzó tres años antes de su captura, cuando Caguaripano pasó a la clandestinidad como una forma de proteger a su familia, luego de que su hija, quien apenas tenía cuatro meses de nacida, fuera víctima de un intento de secuestro. El reencuentro de Samantha Nazareth con su padre ocurrió después de su captura, cuando ella tenía tres años y medio: “Mi hija, desde los cuatro meses, no tuvo contacto físico con su papá. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de nueve años, estamos hablando de 12 años que el tiempo no se detuvo”.
En esos doce años, la familia aprendió a convivir con una mesa incompleta. “Fueron años de sillas vacías, donde mi hija creció sin papá, cumpleaños sin la presencia de su papá, sino de una foto, Navidades en donde no pudo abrazar a su papá y yo no pude abrazar a mi esposo”. También estuvieron los logros de la niña —que hoy es músico—, las enfermedades y los momentos importantes en los que el oficial tampoco pudo estar: “Había una ausencia total, pero siempre permaneció vigente en nuestros corazones, siempre estuvo presente”.
La madre tuvo que explicarle a la niña por qué su padre estaba ausente. Pero había una diferencia fundamental: no se había ido: “Siempre, como madre, creo que fue un trabajo muy difícil, no solamente sembrarle a mi hija esa imagen de su papá, sino que, además, su papá estaba ausente, no porque la abandonó, sino que estaba ausente porque decidió luchar por la libertad de un país”.
Una espera suspendida
Hoy Olazo no encuentra una palabra convencional para describir su matrimonio. No es viudez ni separación. Durante nueve años no tuvo a su cónyuge para compartir las responsabilidades, las preocupaciones o las cosas cotidianas. “Nuestra vida continuó durante todo este tiempo, pero continúa incompleta Siempre hay un vacío ahí, presente, y tenemos que aprender a vivir con esa ausencia. Yo, sin poder tener un esposo a quien poderle contar mis cosas, con quien pueda compartir la carga. Mi hija, sin un padre a quien poder salir corriendo y abrazar todas las tardes cuando abriera la puerta y llegara de casa”.
Lo resume de una manera que parece definir una vida detenida sin estarlo: “No es una viudez porque él está vivo, pero tampoco es una separación, porque nunca nos separamos por mutuo acuerdo o por decisión propia, sino por las circunstancias. Es una espera suspendida”
Los primeros meses después de la captura fueron una carrera contra la incertidumbre, dominada por el miedo. No sabía dónde estaba el oficial ni en qué condiciones se encontraba.
“La odisea de tratar de buscar información y no encontrarlo, de buscar bajo las piedras y hasta lograr conseguir ese informe médico forense de Juan Carlos, saber si estaba vivo, cómo estaba”.
La familia recibía información sobre presuntas torturas y traslados, mientras enfrentaba además amenazas y vigilancia. “Esa angustia de no saber en dónde lo tenía en los primeros días, pero de tener esa convicción de que sabíamos que lo estaban torturando y no poder hacer nada. Eso en lo humano es demasiado desesperante”.
La angustia se mezclaba con el temor de convertirse ellos mismos en víctimas. Relata que su casa y la de sus suegros habían sido allanadas y que la familia había sufrido persecución y vigilancia durante años por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En medio de esa situación, tuvo que asumir una doble tarea: intentar encontrar a su esposo y proteger a su hija. “En medio de ese momento preciso, surgió este sentimiento de madre de proteger a mi hija ante esta tiranía, que no solamente estaba torturando al padre, sino que era capaz de llegar a la niña para hacer que el padre confesara crímenes o delitos que a lo mejor él no cometió”.
También estaba la supervivencia económica. “¿Sobrevivir económicamente? Ni te cuento, porque o defendía a Juan Carlos o trabajaba, o llevaba pan para mi casa o salía a buscarlo por todos los centros de tortura”. Mientras tanto, debía acudir a medios de comunicación, tribunales y recintos penitenciarios. “Lo más difícil fue tener que sacar fortaleza para enfrentar medios de comunicación, para enfrentar custodios, para enfrentar funcionarios, para enfrentar jueces y para enfrentar todo lo que me tocó enfrentar sola”, recuerda.
Pero, con los años, apareció otro enemigo: el olvido. “Al pasar el tiempo, la gente fue olvidando y nosotras nos fuimos quedando prácticamente solas, sin apoyo”. Amistades y conocidos también comenzaron a alejarse por temor a ser relacionados con la familia. Ellos tuvieron que entender, aceptar y continuar.
El tiempo, el verdadero desafío
Con el paso de los años, Samantha Nazareth tuvo que conocer a su padre en lugares que una niña no debería asociar con la infancia. La madre recuerda que tuvo que llevarla a La Tumba, la sede del Sebin ubicada en plaza Venezuela y símbolo de la tortura blanca, donde permanecía recluido, para que pudiera verlo. “Era ahora, no solamente mostrarle a mi hija un padre que estaba torturado y que estaba preso 30 metros bajo tierra”.
Ella tenía que mantener la fortaleza frente a ambos, mientras el estado de alerta se convertía en una forma de vida. “Tenía que mantenerme fuerte yo para llevarle fortaleza a Juan Carlos, pero también para no mostrarle a mi hija tampoco todo lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento”.
Para Irene Olazo, sin embargo, cada cumpleaños traía consigo una nueva conciencia de lo que se estaba perdiendo. “Sentir que cada año pasaba, sé que era como una pérdida, porque es que cada año que pasa es un año que nadie nos va a devolver, ni a mi hija con su papá”. Esta es una situación que una eventual liberación no va a resolver: “Yo sé que, cuando él salga, uno dirá, el tiempo se recupera, pero no. El tiempo no se va a recuperar, habrá que aprovechar el tiempo que les queda”.
La realidad, continúa, es que han sido 12 años que le robaron a su hija de crecer con su padre, “un hombre bueno que, simplemente, por sus convicciones, decidió luchar” por Venezuela. “Al principio, uno lucha por sobrevivir, pero después descubres que el verdadero desafío es sobrevivir al tiempo”, dice como quien reconoce a un enemigo al que no se puede combatir.
Caguaripano, el hombre que eligió enfrentar al régimen
Olazo sabía que las convicciones de su cónyuge podían acarrear consecuencias. Según relata, el capitán consideraba que tenía un deber con el país y con el pueblo venezolano: “Sus convicciones, sus valores y sus principios fueron más fuertes, porque decía que no era solamente su familia, que él tenía un deber con el país y con el pueblo venezolano”.
Incluso estuvieron a punto de no casarse por temor a las represalias. “Él no me quería arrastrar a mí a las consecuencias de lo que pudiese pasar con sus convicciones y sus principios”.
Pero ninguno imaginó que esas consecuencias llegarían a afectar a toda la familia durante tantos años. “Una cosa es asumir las consecuencias profesionales y políticas, pero otra muy distintas poder imaginar que iban a pasar 12 años lejos de su familia, de sus padres, de su hija, pero, sobre todo, estos últimos nueve años de prisión, de tortura, de aislamiento y una condena por 30 años por hacer lo correcto. Él podía saber que enfrentar el poder traía consecuencias, pero ninguno nos imaginamos que enfrentar una tiranía iba a traer tanto sufrimiento, no solamente para Juan Carlos sino para su familia”.
El oficial habría colocado la decisión en una balanza entre el deber militar y la responsabilidad con su hija: “Si no lo hago, ¿con qué ojos voy a ver yo a mi hija cuando sea grande y me diga, papá, tú tenías un deber con el uniforme que tenías puesto y no hiciste nada por Venezuela?”. Para la entrevistada, ese dilema terminó definiendo el resto de sus vidas. “Al final, él hizo lo que era correcto como militar, aunque esto nos ha traído consecuencias como familia, no solamente como padre, sino también como hijo”.
Mientras permanecía preso, no solo su hija creció, sino que sus padres envejecieron. Su madre se encuentra actualmente en cama y padece una demencia avanzada. “Su mamá actualmente está en cama con una demencia senil tan avanzada que ya no reconoce a nadie. Él perdió sus últimos años de lucidez de su mamá, de poder estar con ella y abrazarla”.
Una de las consecuencias más severas de la prisión, de acuerdo con Olazo, es que el castigo dejó de recaer únicamente en el detenido: “Al final, el régimen no solamente castigó a Juan Carlos por hacer lo correcto, sino que castigó a toda una familia completa. Lo que jamás debió ocurrir fue que se convirtieran en consecuencias que afectaran a todo un núcleo familiar completo, por hacer lo correcto. Una familia entera, estamos condenados junto a él”.
El hombre detrás del expediente
Durante estos años, el nombre de Juan Carlos Caguaripano quedó asociado a la Operación David Carabobo, al Fuerte Paramacay y a la prisión política. Olazo siente que esa dimensión pública terminó ocultando al ser humano: “Se ha perdido todo. Creo que Venezuela y el mundo conocen a un hombre de valores y principios, pero realmente se ha perdido la esencia completa de ese ser que lo llevó a tomar esa decisión”.
Antes de ser el capitán, recuerda, era un esposo, un padre, un hijo, un hermano y un amigo: “Antes de estar asociado Paramacay, Juan Carlos era un excelente militar, un excelente compañero, era un esposo, era padre, era un hijo, era un hermano, un excelente amigo de todos sus compañeros, y una persona que siempre veló por hacer el bien a los demás”.
La esposa menciona una característica que define al hombre que conoció: “Juan Carlos era de las personas que, si él veía a alguien que le faltaban zapatos, él se quitaba los zapatos y se quedaba descalzo. Era de las personas que, si estaba viajando y veía una persona sin camisa, se quitaba la camisa, y llegaba él sin camisa a su casa, con tal de que la otra persona tuviese cómo cubrirse”.
Ese hombre también sigue siendo, pese a la distancia, un padre: “Los pocos minutos que el régimen le ha permitido tener contacto con la niña durante estos nueve años ha demostrado ser un padre maravilloso, un padre incondicional”. Y ese es el modelo que quiere que su hija conserve. “Samantha, a pesar de que ha crecido sin padre, ha crecido con esos mismos principios y valores que caracterizan a su padre, porque nos hemos dedicado a enseñarle eso a mi hija”.
Es por eso que ella quiere que su esposo sea recordado más allá de su proceso penal: “No quiero que solamente Juan Carlos se reduzca a un expediente judicial, a un preso político más”.
Seis horas de viaje y un vidrio
En el Internado Judicial El Rodeo I, donde se encuentra recluido desde el 4 de abril de 2024, la distancia adquirió una forma física: un vidrio. El padre del capitán, Juan Bautista Caguaripano, de casi 80 años de edad, viaja desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, aproximadamente seis horas para ver a su hijo, y cuando finalmente lo encuentra no puede abrazarlo: “Me parece atroz, el hecho de ver un padre viajando kilómetros, siendo una persona de casi 80 años, para ver a su hijo, y cuando finalmente lo tiene al frente, él no lo puede abrazar; es algo que es inhumano totalmente”.
Irene Olazo recuerda que en una ocasión su suegro intentó tocar la punta del dedo de su hijo a través de un orificio del vidrio, “para tratar de sentir ese mínimo contacto”, pero un custodio le llamó la atención. Ese episodio quedó grabado en su memoria porque la estructura transparente dejó de ser simplemente una medida penitenciaria: “Ese vidrio no solamente representa eso, un vidrio; es una barrera que imponen entre padre e hijo. Representa nueve años de tortura familiar, nueve años que le han arrebatado a nuestra familia, incluso el poder tener un simple abrazo, un apretón de manos o un beso en la mejilla para ese padre que tanto lo merece y lo necesita”.
La información que maneja sobre las condiciones del Rodeo I proviene principalmente de personas que han recuperado la libertad. Según esos testimonios, Caguaripano permanece en una celda de aproximadamente 2 por 2 metros, con una letrina dentro del espacio y alrededor de 23 horas diarias de encierro. “En esa misma celda 2 por 2, con esa letrina ahí, ellos tienen que comer”.
También menciona que los presos son sacados solo una hora al patio en grupos y que durante un período, antes del 3 de enero de este año, eran encapuchados y esposados. Las visitas se reducen a aproximadamente 20 minutos a través de un vidrio.
Pero para Olazo existe una pérdida aún más profunda: la incomunicación con Samantha Nazareth. “Desde abril del 2024, en que Juan Carlos fue trasladado para allá, lo incomunicaron por completo de su hija. Mi hija ha tenido que pasar dos años de duelo sin poder escuchar la voz de su padre, sin permitirle aunque sea una llamada telefónica esporádicamente, o que su padre pueda escribirle una carta a su hija”. Para ella, esa medida afecta a ambos: “Al pasarlo a El Rodeo I, le robaron lo poco que le dejaban como humano de tener contacto con su hija”.
Asegura además que la familia no puede conocer directamente las condiciones en las que permanece recluido porque cualquier reclamo público puede acarrear represalias para los reclusos o para sus allegados. “Lo más doloroso es que después de nueve años todavía tengamos que hablar de él desde la nformación que nosotros logramos conseguir a través de terceros, en lugar de poder preguntarle directamente cómo está, qué necesita, qué se siente”, afirma.
Hoy Olazo desconoce el estado físico de su esposo cuando recupere la libertad. El militar sufrió golpes, asfixias y descargas eléctricas durante los interrogatorios. Una de las agresiones le provocó una lesión en la zona testicular, una hemorragia y sangrado en la orina: “Juan Carlos fue víctima de una serie de torturas demasiado crueles, no solamente por el hecho de haber recibido golpes, asfixias y descargas eléctricas”.
La carga emocional de los tratos crueles aún sigue latente en el hogar. “En el momento que me dijeron que a Juan Carlos le habían desprendido los testículos, fue demasiado aterrador. Nunca pensé que en Venezuela se podía llegar a este tipo de torturas y en el momento que me lo dijeron, y me dijeron la forma en cómo fue presentado ante tribunales, prácticamente con su cuerpo totalmente destruido y no podía ni caminar, yo tuve que sentarme en mi vehículo a llorar por horas hasta que logré drenar. Después, tuve que alzar otra vez la mirada y decir, tenemos que seguir. Juan Carlos tiene que aparecer”.
Aunque no lo ha podido confirmar con informes oficiales, indica que tras ese hecho su esposo pudo haber sido sometido a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas. “Tengo entendido, pero por información no confirmada, no oficial, sino extraoficial, Juan Carlos fue operado ahí mismo, en los sótanos de La Tumba”.
También teme por problemas estomacales que ha padecido desde antes de su captura y afecciones de visión originadas por el encierro. Sin embargo, la mayor preocupación no radica únicamente en su cuerpo sino en su integridad mental. “Porque siento que ellos están jugando a debilitarlos, a quebrarlos, y, por muy fuerte que sea una persona, llega un momento en que emocionalmente se quiebra”.
El precio de no callar
Olazo tampoco salió indemne, pues fue objeto de persecución política[source: 5]. Asegura que abandonar Venezuela no respondió al deseo de comenzar de cero. “Cuando decidí salir de Venezuela, no lo hice por querer comenzar una nueva vida. Estaba tratando de salvar la vida que me quedaba y proteger a mi hija”.
Desde entonces tuvo que criar a Samantha Nazareth sola, trabajar, sostener un hogar y continuar la lucha por la liberación de su cónyuge. El costo personal ha sido elevado: “Ha sido perder mi país, mi familia, mi vida, mi carrera, mi estabilidad, y, de alguna manera, la posibilidad de vivir una vida normal. He tenido que aprender a ser madre y padre al mismo tiempo, pero, aun así, siempre dejando la imagen del padre presente”.
También tuvo que aprender a convivir con el temor: “Al final los tentáculos del régimen llegan a todos lados”. Pero eso no ha impedido su testimonio: “Si yo callaba, no solamente estaba callando mi historia, sino también estaba permitiendo que otros contaran la historia de Juan Carlos desde otro punto de vista”.
Por ese motivo escribió Te soñé libre. La escritura fue una vía para recuperar el control de un relato que otros pretendían fijar. “Yo perdí muchas cosas por no callar, pero también recuperé algo que nadie podía quitarme: mi voz”.
Y esa voz se convirtió en un mecanismo de defensa colectiva. “Cada vez que pienso en todo lo que hemos perdido, recuerdo que mi voz también es una forma de defender a mi familia, y mientras defiendo a mi familia, alzo la voz por la familia de otros presos políticos”.
Hay una faceta del proceso que reconoce como la más dolorosa: la etapa infantil que su hija no podrá recuperar: “Se perdió cumpleaños, se perdió conversaciones, se perdió cada etapa de su crecimiento y madurez. Se perdió verla dar sus primeros pasos, las graduaciones, sus éxitos y sus conciertos, porque mi hija es músico. Eso todavía me duele muchísimo”.
Detrás de ello subyace una certeza que reitera: el tiempo no retrocede: “En el momento en que Juan Carlos salga, la niña jamás podrá ser niña, o yo jamás podré tener la misma edad que antes. Podemos recuperar la libertad y esperemos que Juan la alcance muy pronto. Podemos volver a abrazarnos, podemos intentar reconstruir una familia, pero no podemos devolverle a Juan Carlos estos nueve años que le han robado con su madre, con su padre, con su hija, con sus hermanos”.
Esa representa una de las heridas más profundas del proceso. Saber que su esposo puede volver al hogar, pero que los años perdidos no regresarán con él. Pese a ello, mantiene su resolución: “Pero lo que sí, nunca, nunca, nunca voy a dejar de contar es que detrás de todo esto hay seres humanos. Hay un hombre que quiere volver a casa, una hija que quiere recuperar a su papá y una mujer que, después de nueve años, todavía sigue esperando que su familia pueda volver a estar completa y reconstruirse”.
La historia política detrás de la familia
Irene Olazo considera que el caso sigue siendo sensible para las esferas del poder. Su explicación es política: “La gente del régimen y la gente de la Fuerza Armada que compartió con Juan Carlos saben lo honrado, lo correcto y lo ético que es él, lo constitucionalista que es”.
Asimismo, defiende la postura sostenida sobre los hechos de Paramacay, descartando que se tratara de una asonada convencional para tomar el mando. “No fue un acto de insubordinación, no fue un golpe de Estado, fue un intento de reconstruir lo que estaba roto y quebrado; por eso el simbolismo de Paramacay es tan fuerte para el régimen venezolano y para la Fuerza Armada”.
Sostiene que el capitán no solo cuestionaba las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, sino también el desempeño de la Asamblea Nacional (AN), la injerencia extranjera dentro de la Fuerza Armada Nacional y la entrega de recursos naturales a países como Cuba o Rusia durante la emergencia humanitaria.
“La dimensión política del caso de Paramacay es fuerte porque no fue un acto militar para lograr colocarse en el poder, fue un acto en donde su única intención era resguardar al pueblo venezolano que estaba siendo asesinado en las calles. Su única misión siempre fue defender al pueblo de Venezuela y a la Constitución que juró en el momento de su graduación que iba a defender hasta la muerte”.
A su juicio, esa postura lo convirtió en un símbolo. “Juan Carlos Caguaripano dejó de ser solamente un preso político para convertirse en un un símbolo de lo que ocurre cuando un militar decide enfrentarse al poder y mantener sus convicciones”.
La situación del oficial forma parte de la problemática de los militares detenidos por razones políticas, a quienes considera postergados en los procesos de excarcelación: “Los presos políticos militares están allí por hacer lo correcto, por hacer su trabajo, por oponerse directamente a lo que representaba el régimen, que era justamente utilizar la Fuerza Armada como un brazo armado de un partido político”.
Advierte que este sector padece una presión redoblada: “Los presos políticos militares saben que sus familiares sufren de más persecución que otro preso político civil”.
Reclama que el estatus militar no sea causal para mermar garantías fundamentales: “Los derechos humanos no deberían depender de quién negocia por ti. Los derechos humanos son iguales para todos. A veces pareciera que los militares, que son presos políticos en Venezuela, son los presos más incómodos para el régimen”.
Justicia, no negociación
El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la audiencia de apelación a la condena de 30 años dictada en 2025, tras ocho años sin sentencia firme. Después de más de cinco horas de sesión telemática —modalidad impuesta desde su traslado fuera de La Tumba—, los jueces de la Corte de Apelaciones dieron un lapso de 10 días hábiles para decidir si ratifican, modifican o anulan por completo la pena impuesta.
Frente a este trámite, Olazo mantiene reservas: “Lo más que yo puedo esperar en esta apelación del 26 de agosto tal vez es una disminución de pena. No tengo grandes expectativas con este sistema judicial”. No obstante, afirma conservar su convicción personal: “Como una mujer creyente, sé que para Dios nada es imposible. Lo que para la justicia y las leyes, en este momento, bajo el régimen que se está viviendo en Venezuela, pueda ser imposible, una liberación para Dios, es posible”.
Sostiene que cualquier resolución debe conllevar el reconocimiento formal de los agravios padecidos: “Yo, como familia del capitán Caguaripano, no quiero una negociación, quiero justicia. Para volver a creer en la justicia, tendría que ver que Juan Carlos recupere su libertad porque se reconoció que sus derechos fueron vulnerados, no porque alguien decidió utilizar su libertad como una moneda de cambio”.
Esa reparación debe abarcar la revisión del proceso, debido proceso, constatación de violaciones a los derechos humanos y resarcimiento: “Él necesita es libertad y reparación de daños. Él ha sido víctima de desaparición forzosa, de tortura, de tratos crueles e inhumanos, y fue juzgado injustamente por atenerse y acatar artículos constitucionales y cumplir con su deber. A Juan Carlos, durante todo este tiempo le robaron la casa, le expropiaron la casa que había comprado con mucho esfuerzo, perdió su carrera, perdió salud, perdió tiempo de vida”.
E insiste en incluir al grupo familiar en el reclamo: “Resarcimiento de daños tiene que ser sí o sí, tiene que haber una garantía de no repetición, y tiene que haber también reconocimiento de que una familia también fue víctima, no solamente fue Juan Carlos. Mis suegros, mi hija, mi persona, hemos sido víctimas de todo este proceso judicial injusto”.
Consultada sobre las instancias con capacidad de incidir en el caso, apunta a la administración estadounidense, aludiendo al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente Donald Trump: “Simplemente, les estaría pidiendo que terminen con una injusticia, no solamente de Juan Carlos, sino de todos los presos políticos”.
Y concluye con una petición centrada en la recomposición del núcleo familiar: “No les pido que nos devuelvan estos nueve años que nos quitaron, porque es imposible. Ni Dios los puede regresar, eso ya nadie puede hacerlo. Les pido es que no permitan que nos quiten lo que todavía nos queda, y que la poca infancia que le queda a mi hija pueda disfrutarla con su padre”.
“Devuélvanle, por favor, a mi hija la posibilidad de tener contacto con su padre, devuélvanle a un padre la posibilidad de poder abrazar a su hija, devuélvanle a esos padres la posibilidad de tener en casa a su hijo y poder ayudar a recuperarlo y a sanarlo, pero sobre todas las cosas, devuélvanle a Venezuela un hombre justo, con valores y con principios, que sin querer se ha convertido en una imagen de honor y de valor”.
“El capitán Juan Carlos Caguaripano sigue vivo, y mientras siga vivo, nuestra historia no merecería terminar en una celda”, finaliza Olazo.
