Power Expectations anunció que demandó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el Tribunal Federal de Puerto Rico para revertir la cancelación del escandaloso contrato de generación temporal que vería al gobierno pagarles $5,800 millones.
A través de un comunicado de prensa, el consorcio dio a conocer sus alegaciones ante la corte de Estados Unidos, y también se defendió de lo que describió como «suposiciones, insultos y presunciones infundadas».
Abraham Freyre Medina, asesor jurídico interno de la empresa, expresó que el análisis legal realizado se centró en que las causas utilizadas por la AEE para cancelar el acuerdo «no se sostienen por los hechos ni por el derecho aplicable».
El analista político Jay Fonseca cuestionó el tiempo que le ha tomado a la mandataria en reaccionar al controversial acuerdo.
También, buscan impugnar a la Junta de Control Fiscal (JCF) por supuestamente no cumplir con el debido proceso previo a la revocación de su aprobación al proyecto.
«Las preguntas obligatorias que surgen de las acciones de Autoridad de Energía Eléctrica no puede contestarse mediante titulares de prensa, versiones incompletas, acusaciones infundadas o señalamientos públicos. Esas preguntas se contestan examinando el expediente completo. De aquí en adelante, que hablen los documentos [sic]», señaló Freyre Medina.
La cancelación fue fundamentada, principalmente, en un alegado incumplimiento de Power Expectations relacionado con la presentación de la fianza requerida bajo el contrato.
Pablo José Hernández arremetió contra la administración y planteó interrogantes sobre corrupción e incompetencia en el manejo del acuerdo.
Para obtener la fianza, Freyre Medina afirmó hoy que las compañías de seguros internacional Lloyd of London y Skyscraper exigían una documentación en poder de la AEE que, según Power Expectations, «nunca fue provista» y causó el retraso.
«En incontables ocasiones, mediante carta, llamadas y reuniones, Power Expectations solicitó los datos que requiere todo asegurador para completar el proceso de aprobación de la fianza. La AEE nunca entregó la información y luego utilizó su propia inacción para justificar la cancelación», arguyó el abogado.
La empresa anticipó que presentará ante el foro federal las comunicaciones, documentos y otra evidencia relacionada con las gestiones realizadas para cumplir con el requisito de la fianza, así como las circunstancias que incidieron sobre la posibilidad de completar su emisión dentro del término correspondiente.
El Zar de Energía ofreció documentos e información relacionada con el escandaloso contrato de energía temporera, que de no ser por un trabajo periodístico no hubiera trascendido.
«No estamos pidiendo que nadie acepte nuestra versión por nuestra palabra. Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que se abra el expediente, que se examinen las comunicaciones, que se evalúe la evidencia y que entonces se determine quién cumplió, quién tenía que actuar y qué ocurrió realmente», aseguró el abogado.
Otra de las justificaciones que utilizó la AEE para cancelar el contrato está relacionada a la revocación de la aprobación obtenida por la JCF, ente que se revocó a sí mismo luego de la información revelada por un reportaje periodístico que dio a conocer que una de las empresas del consorcio, Enchanted Rock, estaba alegando presunto fraude y falsa representación en la firma del contrato.
Esos detalles fueron presentados por el programa Los Datos Son Los Datos, de Wapa Televisión.
El Departamento de Justicia indicó que dicha función y determinación no le corresponden.
Ante esto, Freyre Medina argumentó que la JCF no le pidió información a Power Expectations, ni brindó la oportunidad de que la compañía planteara su defensa.
«El examen de lo que ocurrió dentro de los pasillos de la Junta de Supervisión Fiscal será más interesante. La Junta se revoca luego de tener reuniones secretas con abogados del bufete de O’Neil & Borges que no tan solos son abogados de otra empresa implicada en este proyecto, sino también son asesores legales de la Junta. Aquí hay que examinar si esa interferencia con un contrato se justifica en ley, si ese claro conflicto de interés es legal y si estas acciones motivaron a la junta a actuar sin haberle concedido a Power Expectations las protecciones constitucionales de debido proceso», apuntó.
El zar de energía, Josué Colón, habría cuestionado por qué la Junta no levantó bandera sobre posibles problemas tras revisar los documentos.
En lugar de detener el proceso, el ex presidente de la Junta de Gobierno de la AEE alegó que el Gobierno facilitó una “tramoya” mediante el uso de un consorcio como testaferro.
